El Comité de Asuntos Legislativos del Concejo Municipal recibió una lección sobre robo de salarios el lunes 9 de marzo del concejal retirado de Salem que escribió la ordenanza de esa ciudad, dos semanas antes de que el concejo de Everett votara inscribir su propia versión.
Jeff Cohen, “retirado hace dos meses como concejal de Salem”, dijo que la ordenanza que escribió en 2023 pasó 11 a 0 en Salem y fue adoptada palabra por palabra en Revere en noviembre. El robo de salarios “no es solo un mesero que no recibe horas extra”, dijo. “Es la clasificación errónea. Es el efectivo. Es el 1099 cuando alguien debería ser empleado”. Dijo que es “mucho más frecuente en los oficios de la construcción” y que en una obra grande, “el subcontratista que comete robo de salarios es, el 100 por ciento de las veces, un subcontratista no sindicalizado”. La ordenanza no convierte a la ciudad en fiscalizadora. Exige a contratistas y titulares de licencias certificar que no han sido hallados responsables de robo de salarios, permite a la ciudad terminar un contrato, un beneficio fiscal o una licencia si mintieron, y establece denuncias anónimas que se remiten a la fiscal general. Describió una obra en Salem donde a seis albañiles les pagaron como peones “y en seis semanas les negaron $100,000”. Después de que la ciudad planteó una orden de paralización, “en cuatro días, el contratista general consiguió el dinero”. Dijo que la cadena de restaurantes Casa Tequila fue multada con $900,000 por el gobierno federal y siguió operando tres años. También advirtió que el robo de salarios “puede incluir agresión física y sexual, incluso trata de personas”.
La concejala Stephanie Martins, patrocinadora principal, enumeró las 13 comunidades de Massachusetts con ordenanzas: Amherst, Boston, Cambridge, Chicopee, Easthampton, Lowell, Lynn, Northampton, Revere, Salem, Somerville, Springfield y Worcester. Dijo que ha sabido de restaurantes de Everett que reclutan trabajadores en el extranjero que “tenían que trabajar sin paga” para devolver el costo del viaje, “y eso también es robo de salarios”. La ordenanza exige a los licitantes revelar sentencias por robo de salarios de los cinco años anteriores, mantener seguro por lesiones laborales, llevar registros diarios de entrada y salida en obras municipales y presentar nóminas certificadas mensuales. La procuradora municipal Jaclyn Munson, que trabajó en la misma ordenanza en Boston, dijo que la ciudad puede ser “un vehículo de información” hacia la fiscal general pero no puede recibir quejas en su oficina, lo que sería “un riesgo para mi licencia”. Martins trasladó la función de recibir denuncias a la oficina de adquisiciones, que crearía un formulario de queja en línea y un aviso para cada lugar de trabajo. El concejal Anthony DiPierro, del mundo de los seguros, describió contratistas que clasifican a sus cuadrillas con 1099 para evadir impuestos de nómina y la compensación laboral. El presidente del comité Michael Marchese preguntó quién vigilaría las obras; Martins dijo que nadie: “Estamos abriendo un canal para denunciar”. El comité retuvo la ordenanza hasta tener un borrador limpio y la envió a la reunión del concejo del 23 de marzo con recomendación favorable, donde fue inscrita 9 a 1.
Tres minutos, una lista
El comité respaldó el cambio de reglas de la concejala Katy Rogers que fusiona los comentarios públicos de agenda y fuera de agenda en un solo turno de tres minutos. Dijo que una mujer que vino a hablar sobre la emergencia de nieve “tuvo que esperar unas dos horas hasta el final de la reunión”, y que el comité escolar ya usa tres minutos. “Debería ser simplemente libertad de expresión, tres minutos, hablar sea de agenda o no”. El concejo lo adoptó el 23 de marzo.
También recomendados: Christopher Snook, miembro de un sindicato del distrito de DiPierro, como representante laboral en la junta de la Autoridad de Vivienda de Everett, y Margaret Leaver, residente de vivienda pública, como representante de inquilinos. La votación sobre Snook provocó un “no” audible en la sala.
